El fallo, que responde a un recurso legal interpuesto ante el juzgado, obliga además al Estado a garantizar a los desmovilizados alimentación, salud y seguridad.
La congregación de los exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fue uno de los acuerdos tomados entre la anterior administración y esa estructura como parte de la mesa de diálogo que instalaron.
Sin embargo, el actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella emitió recientemente una resolución en la que ordenó la clausura definitiva y el desmonte de la referida ZUT para el 30 de septiembre, tras cancelar las negociaciones comenzadas bajo el mandato de Gustavo Petro (2022-2026).
Los desmovilizados, cuya situación queda ahora en una especie de limbo, piden que se les facilite un plan de tránsito y protección que garantice la salvaguarda de los derechos fundamentales y la protección de la población que decidió dejar el conflicto armado atrás.
Tras su llegada al poder, De la Espriella dio por finalizados todos los procesos de paz que comenzaron en el pasado cuatrienio, retiró el nombramiento a los representantes gubernamentales que participaban en los mecanismos de diálogos y anunció una lucha frontal y sin cuartel contra los grupos armados.
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