La Operación Trazador permitió incautar más de 265 kilogramos de drogas (pasta base y cocaína), armas y altas sumas de dinero.
Hace una semana el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que se había desbaratado una organización dedicada al ingreso de drogas “para distribución a gran escala dentro del mercado local” y con posible salida hacia al exterior, en el caso de la cocaína.
Sena destacó que dentro de la organización criminal los integrantes tenían “funciones definidas: alguien se encargaba del ingreso, otras personas de la distribución y otra persona del blanqueo de los capitales”.
Por ese último delito fue condenado Pablo Leiva, que se desempeñaba como asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, y que a su vez es padre de Lucio Leiva, director de la Juventud del PN y, además, otro de los asesores del edil.
Al inicio de esta semana, el caso tomó otra dimensión y se profundizaron las derivaciones políticas, remarcó el semanario Búsqueda.
El edil Gómez es un dirigente que integra el sector Por la Patria (lista 250) del exsenador y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, que también quedó enredado en la línea de investigación policial.
A través de una publicación en la red social X, el periodista Eduardo Preve informó que un local de cobranzas Abitab perteneciente a Gandini y su esposa, Laura Scalabrino, podía haber sido utilizado como parte del esquema de lavado de activos.
Gandini negó la implicación personal y de su esposa, pero la investigación sigue su curso mientras desde las filas del Partido Nacional prima la cautela. Al respecto el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado en el que expresó “alarma” ante las derivaciones y vinculaciones del caso con dirigentes del PN.
“El riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado requiere una celosa defensa por parte de nuestra fuerza política, de las instituciones, la confiabilidad del sistema político y sus instituciones”, dice el texto.
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