También los vinculados con alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.

La medida está contenida en el Decreto 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, y se enmarca en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación.

La disposición busca fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos, además de promover la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Las compras públicas vinculadas con programas especiales de asistencia deberán orientarse a la adquisición de bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, sin intermediación no autorizada.

Entre las instituciones comprendidas figuran el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el Servicio Nacional de Salud, el Gabinete de Políticas Sociales Supérate, Promese/CAL, así como las carteras de Defensa y de la Vivienda, entre otras dependencias estatales vinculadas con la protección social y sectorial.

Para participar en estos procedimientos, las empresas deberán contar con el Registro Industrial emitido por Proindustria, la Certificación Mipymes o Mipymes Mujer otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio, y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado.

El decreto dispone además la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas, que tendrá a su cargo el seguimiento, la coordinación de la oferta productiva y la verificación del cumplimiento de la normativa.

Asimismo, establece un plazo de hasta cuatro meses para que el MICM realice un levantamiento de los bienes y servicios ofertados por el sector industrial local.

Proindustria, por su parte, deberá modernizar y digitalizar el Registro Industrial con el propósito de garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.

ool/mpv