Los conflictos armados entre las Fuerzas de Defensa Nacional y el TPLF iniciados el 23 de septiembre ya registran la destrucción y saqueo de infraestructuras y recursos públicos, la militarización de escuelas y la participación forzosa de jóvenes, incluso niños, a participar en otra guerra sin sentido.

Según el medio de prensa, la situación actual en Tigray y regiones vecinas de Amhara y Afar no es un estallido fortuito, ni mucho menos un capítulo nuevo en la historia del proscrito Frente.

Se trata de la manifestación más reciente de una cultura política y militar destructiva que ha caracterizado a este grupo durante décadas: un historial de cinco decenios marcado por el derramamiento de sangre, la coacción, la destrucción y la traición política, anteponiendo reiteradamente sus propios intereses a la paz, la dignidad y el futuro del pueblo etíope.

Las escuelas —instituciones destinadas a educar a los niños y prepararlos para un futuro mejor— son arrastradas a la maquinaria de guerra, mientras que las instalaciones públicas también sufren similar destino.

Los espacios civiles se transforman en posiciones militares y centros logísticos. En lugar de reconstruir sus hogares, escuelas, negocios y medios de vida, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo la sombra de una nueva movilización una realidad vivida durante dos años hasta el fin de la guerra en noviembre de 2022.

Un aspecto inaceptable es el reclutamiento forzoso de jóvenes y niños. El grupo ilegal TPLF volvió a recurrir a la movilización coercitiva en la región de Tigray, arrancando a los jóvenes de sus familias y empujándolos hacia campamentos militares y el campo de batalla, advirtió el reporte.

Durante décadas, el grupo ilegal intentó presentarse como el representante político y defensor del pueblo tigrayano. Sin embargo, su conducta revela una realidad totalmente opuesta al reanudar la guerra con un alto costo para los ciudadanos.

El Acuerdo de Paz de Pretoria, de noviembre de 2022, abrió una vía histórica para alejarse de la guerra al ofrecer la oportunidad de silenciar las armas, desarmar a los combatientes, restablecer la normalidad y encauzar la competencia política por vías pacíficas y constitucionales.

El Gobierno de Etiopía aceptó el proceso de paz, apoyó la reconciliación, abrió una vía política para que el TPLF recuperara su estatus político legal bajo el marco jurídico revisado del país, a pesar de perder previamente su personalidad jurídica debido a su conducta violenta, recordó la agencia de noticias local.

Posteriormente, la Junta Electoral Nacional brindó al grupo una nueva oportunidad para operar legalmente; emitió reiterados avisos y concedió un plazo para adoptar medidas correctivas antes de revocar finalmente su registro, dado que no cumplió con las obligaciones legales exigidas.

El ilegal TPLF tuvo décadas para demostrar los resultados de su proyecto político armado, sin embargo, sus acciones más recientes no son más que otro capítulo de esa trayectoria.

Por tanto, la elección que se le plantea a Etiopía no es entre guerra y rendición, ni entre militarización y exclusión política.

Se trata de elegir entre permitir que fuerzas destructivas consuman una y otra vez los cimientos civiles del país, o seguir construyendo un orden político en el que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones constitucionales, la reconciliación y la competencia política pacífica, concluyó el texto.

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