Salam hizo estas declaraciones durante la inauguración de la exposición «Entre las líneas de la Constitución», organizada en la Biblioteca Nacional de Beirut con motivo del centenario de la Constitución libanesa.

El jefe del Gobierno insistió en la necesidad de completar la aplicación del Acuerdo de Taif y fortalecer las instituciones estatales, al considerar que ese pacto no solo puso fin a la guerra civil, sino que estableció una hoja de ruta para la consolidación del Estado.

Según Salam, Taif respondió a una cuestión central de la vida política libanesa: cómo gestionar el pluralismo del país sin convertirlo en una disputa por el control del Estado.

Recordó que el acuerdo define a Líbano como patria definitiva de todos sus ciudadanos, árabes en identidad y pertenencia, y establece un sistema democrático parlamentario basado en la separación, el equilibrio y la cooperación entre los poderes.

El primer ministro señaló que Taif redistribuyó las atribuciones políticas, transfirió al Consejo de Ministros parte de las facultades presidenciales y estableció la responsabilidad colectiva del Ejecutivo, además de consagrar la paridad entre cristianos y musulmanes en el Parlamento.

También destacó que el pacto incorporó al preámbulo constitucional principios destinados a reforzar la unidad nacional y la construcción del Estado.

A su juicio, uno de los aspectos fundamentales del acuerdo es su disposición de que la abolición del sectarismo político constituye un objetivo nacional, que debe alcanzarse mediante un proceso gradual.

Salam subrayó que la restauración de la autoridad del Estado, la disolución de las milicias y la concentración del poder legítimo en sus instituciones forman parte de la aplicación del acuerdo.

«No tiene sentido la soberanía popular si existen múltiples fuentes de autoridad fuera de las instituciones que representan al pueblo, ni tiene sentido el Estado de derecho si la ley no se aplica a todos», afirmó.

Añadió que «la soberanía del Estado no está completa si las decisiones soberanas, como las relativas a la guerra, la paz y la seguridad nacional, se toman fuera de sus instituciones constitucionales».

El primer ministro cuestionó si Líbano ha aplicado realmente todas las disposiciones del Acuerdo de Taif o si, por el contrario, ha puesto en práctica principalmente aquellas relacionadas con la redistribución del poder, mientras otras reformas permanecen pendientes.

El Acuerdo de Taif fue suscrito en 1989 por las fuerzas políticas libanesas en la ciudad saudita del mismo nombre, con el auspicio de Arabia Saudita y otros países árabes, y puso fin a 15 años de guerra civil.

Ese pacto redistribuyó las atribuciones políticas entre las distintas comunidades religiosas, transfirió parte de las facultades de la Presidencia al Consejo de Ministros y al Parlamento y estableció la representación paritaria entre cristianos y musulmanes en el Legislativo.

Las declaraciones de Salam se producen en un contexto de debate en Líbano sobre el monopolio estatal de las armas y la autoridad exclusiva de las instituciones constitucionales para adoptar decisiones relativas a la guerra y la paz.

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