“Nadie está por encima de la ley”, afirmó el mandatario durante una entrevista con TV Globo transmitida esta noche en vivo, en la que calificó de grave el caso y sostuvo que deben investigarse todas las denuncias y sancionarse a quienes corresponda.

“No es posible imaginar que la sociedad brasileña vaya a aceptar que no se investigue todo, que no quede piedra sobre piedra y que no se castigue a quien haya que castigar”, expresó el jefe de Estado y aspirante a la reelección.

Al referirse a los magistrados mencionados en las controversias relacionadas con Vorcaro, Lula citó a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça y Kassio Nunes Marques.

El gobernante consideró que las revelaciones del caso deben servir para impulsar cambios en el sistema judicial y establecer normas éticas más estrictas para los integrantes de la máxima corte del país.

“Quien quiera ser rico no puede ser ministro de la Suprema Corte”, manifestó, al defender criterios más rigurosos para la selección de magistrados y reglas de conducta que refuercen la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Lula sostuvo que el debate sobre una reforma del Poder Judicial será inevitable el próximo año y que la crisis debe aprovecharse para “moralizar muchas cosas en el país”.

Durante la entrevista, el presidente también cuestionó a la extrema derecha porque, según consideró, intentar responsabilizarlo políticamente de la crisis que afecta al STF. “La extrema derecha intenta poner la Suprema Corte sobre mis espaldas”, dijo.

Además, el gobernante expresó que los ataques contra Moraes responden, más que a los vínculos con Vorcaro, a que el magistrado ordenó la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, padre de su rival en los comicios presidenciales, Flávio Bolsonaro.

El caso Banco Master se centra en la Operación Compliance Zero, de la Policía Federal, que investiga un presunto esquema de fraude financiero mediante la emisión y negociación de títulos de crédito sin respaldo, y también abarcan posibles delitos de lavado de dinero, corrupción y organización criminal.

Vorcaro permanece en prisión preventiva desde marzo pasado, una medida fundamentada, entre otros elementos, en sospechas de que coordinaba un grupo dedicado a vigilar e intimidar a personas consideradas adversarias.

La divulgación de mensajes y documentos extraídos de su teléfono reveló contactos con seis ministros del STF y personas de su entorno, así como vínculos profesionales y financieros que incluyen contratos millonarios y operaciones con empresas relacionadas con familiares de magistrados.

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