La decisión aplaza el examen de la PEC 18/2025, que busca ampliar la integración entre los órganos de seguridad pública para combatir el crimen organizado y que podría quedar pendiente hasta después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 25 de octubre.

Alcolumbre justificó la retirada por la necesidad de alcanzar acuerdos entre los senadores y evitar una discusión precipitada. También advirtió que las modificaciones al proyecto obligarían a devolverlo a la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado, para una nueva revisión.

El presidente de la Cámara Alta negó que la decisión respondiera a una solicitud del Gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión del aplazamiento se produjo después de que la propuesta recibiera cinco nuevas enmiendas en el plenario, dos de ellas relacionadas con la reducción de la mayoría de edad penal, asunto que provocó diferencias entre las fuerzas políticas.

Una de las modificaciones, presentada por el senador opositor Rogério Marinho, del Partido Liberal, comprende reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años como regla general.

Esa propuesta busca también rebajarla a 14 años para delitos como los considerados atroces, entre ellos el feminicidio, la violación sexual, el secuestro con fines de extorsión y el robo con resultado de muerte, además de la tortura, el terrorismo, el tráfico de drogas y la participación en organizaciones criminales.

Por su parte, el senador Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores, presentó una enmienda que mantiene los 18 años como regla general, pero plantea llevar la edad a 16 años para los delitos atroces.

Según CNN Brasil, la iniciativa de Santana abrió diferencias dentro del oficialismo, donde sectores rechazan la reducción de la mayoría de edad penal.

El Gobierno pretendía aprobar la propuesta tal como salió de la Comisión de Constitución y Justicia, con modificaciones limitadas a aspectos de redacción.

La oposición cuestionó el aplazamiento y Marinho afirmó que existe una expectativa social por la aprobación de la iniciativa.

Además, el debate tiene una dimensión electoral, pues la seguridad pública constituye uno de los asuntos centrales de la disputa política en medio de la campaña hacia el balotaje.

De acuerdo con medios brasileños, sectores opositores retomaron el tema de la reducción de la edad penal en el contexto de las presiones sobre la izquierda, mientras el Gobierno considera que la aprobación de la PEC permitiría avanzar en sus planes para reorganizar la política nacional de seguridad.

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