El debate sobre el tema fue reabierto a raíz de que la exministra del Interior Carolina Tohá dijera que las personas con enfermedades terminales debieran irse a morir a sus casas y llamó al país a actuar con “humanidad” sin distinciones políticas.

Para la AFEP, los posibles indultos concedidos bajo supuestos criterios de humanidad no son más que una forma encubierta de impunidad y su eventual otorgamiento a condenados por estos delitos comprometerá la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En un comunicado publicado aquí, recordó la organización que 53 años después del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular aún hay mil 92 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos cuerpos no han sido entregados.

Para la AFEP, el indulto es un medio destinado a eludir el cumplimiento de una pena impuesta mediante una sentencia judicial firme.

“La impunidad, dice, constituye un severo agravio a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes del Estado y atenta de forma directa contra el derecho a la justicia de los familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de tortura”.

La AFEP considera que la debida sanción de los crímenes es la garantía de la no repetición y un principio fundamental del derecho internacional.

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