Durante su presentación ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa (AL), Delgado explicó que la mayoría de los procesados pertenecen a la Mara Salvatrucha, MS-13 y a Barrio 18.

Según Delgado el 98 por ciento de los acusados cuyos procesos llegaron a la etapa de juicio fueron condenados, mientras el porcentaje restante corresponde a aquellas personas que no resultaron inculpados.

A la par, el fiscal general adelantó que el número de condenas continuará en aumento en la medida que los procesos judiciales pendientes avancen.

Hace apenas una semana, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reveló que unos 96 mil 457 privados de libertad están relacionados con las pandillas. De ellos, 42 mil 125 «homeboys» (miembros activos de las estructuras criminales), 25 mil 910 integrantes sin incorporación formal; y 17 mil 793 fueron colaboradores habituales.

Mientras que 10 mil 629 corresponden a personas señaladas como colaboradores ocasionales, de esta cifra Bukele afirmó que se analizan los casos y que probablemente el 50 por ciento quedará en libertad en dependencia del caso.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde marzo de 2022 que durante 55 meses ha sido prorrogado en la AL.

Sobre la aplicación de esta herramienta legal existen diversas opiniones de actores tanto nacionales como internacionales. Por una parte, reconocen la disminución sostenida de la criminalidad pero alertan sobre la suspensión de las garantías constitucionales.

Al conservar limitaciones relacionadas con el derecho de defensa, el tiempo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones, contempladas en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución.

Organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas del Régimen rechazan la captura de personas inocentes bajo la medida, al tiempo que el Gobierno ha admitido que existe un “margen de error” sin detallar cuántos arrestos corresponderían a dicho margen.

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