La ley, cuyo monto total es de 634,9 billones de pesos (200 mil millones de dólares al cambio actual), recibió el visto bueno por parte del Legislativo durante esta madrugada, em medio de fuertes reclamos presentados, fundamentalmente, por los miembros del partido Pacto Histórico.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal lamentó que el Ejecutivo no acogiera ninguna de las 700 proposiciones presentadas por su bancada con el objetivo de asignar más recursos para la educación pública, las víctimas de la violencia y para los departamentos.

Calificó la discusión del proyecto como un “desastre”.

“El Gobierno no acogió nuestras propuestas. Nos levantamos porque no vamos a legitimar un trámite que consideramos lesivo para el país. El Pacto Histórico no se arrodilla ante Abelardo”, manifestó sobre la decisión de la bancada que, en minoría, abandonó el debate.

Desde el Pacto Histórico insistieron que, con su presupuesto, el Gobierno decidió proteger a los bancos, a los oligopolios, a los más ricos, en lugar de al pueblo colombiano, al que le pondrán más impuestos por un proyecto que sobreendeuda.

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, objetó la decisión del Congreso.

“Es increíble que se haya aprobado el presupuesto 2027 sin un monto fijo para atender el terremoto. La plata para esta tarea dependerá de las sobras del presupuesto (saldos presupuestales) ¿Qué le dirán a Risaralda, Chocó o el Valle, etc?”, cuestionó en referencia a los departamentos más afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

El senador Ariel Ávila deploró que la ley deje desfinanciados los fondos de energización de los departamentos no interconectados como Vichada, Guanía, Arauca, Putumayo, Vaupés y en general la estructura eléctrica del país.

Acotó asimismo que se desconocen las víctimas del conflicto armado en Colombia, en tanto se busca la asfixia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Tras la aprobación del Presupuesto, el Congreso dio al Ejecutivo un plazo de 90 días para presentar un plan de ajuste fiscal, sobre el cual el Gobierno asegura que ya trabaja y dio en llamar Ley de rescate.

Desde hace semanas el gabinete de Abelardo de la Espriella mantiene contactos con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual se presume sobre la posibilidad del acceso a un recurso crediticio y sus consiguientes condiciones.

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