Anyelo Rodríguez, representante del sector agropecuario vinculado a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), advirtió que la ausencia de una política pública integral podría llevar a la quiebra a productores locales, por lo que propuso establecer una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena arrocera.

El dirigente señaló que alrededor de 30 mil agricultores y unas 330 mil familias dependen directamente de la actividad arrocera, cuya sostenibilidad considera amenazada por las diferencias en las condiciones de producción y financiamiento frente a Estados Unidos.

Rodríguez indicó que los productores nacionales afrontan tasas de interés de alrededor del 12 por ciento en el financiamiento formal, mientras que en el mercado informal pueden alcanzar entre el 35 y el 60 por ciento anual.

También destacó las diferencias en los subsidios agrícolas y los sistemas de transporte utilizados en ambos países.

En medio de las inquietudes del sector, el ministro dominicano de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que no ha autorizado importaciones del cereal durante este año, al considerar suficiente la cosecha nacional para satisfacer la demanda.

El funcionario aseguró que el país dispone de un inventario de 6,5 millones de quintales del grano y descartó que exista una crisis de abastecimiento.

Explicó que las autoridades mantienen conversaciones con los productores para evaluar las alternativas disponibles.

La controversia se produce después de la derogación del decreto 693-24, relacionado con las condiciones arancelarias para la importación de arroz en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, confirmó que las negociaciones con Estados Unidos continúan y aseguró que el Gobierno procura alcanzar condiciones favorables para el país.

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