La marcha, convocada por redes de Internet, sorprendió anoche por su notable concurrencia y por la participación mayoritaria de organizaciones estudiantiles y colectivos de jóvenes, además de fuerzas políticas y por lo abarcador de los motivos de la protestar.
Los manifestantes reclamaron seguridad ante los asesinatos cotidianos cometidos por sicarios de organizaciones delictivas de extorsión masiva y reprocharon al Gobierno por lo que consideran inacción y solo gestos mediáticos frente a la criminalidad.
Si bien el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha creado un comando policial-militar contra la delncuencia, la percepción de los manifestantes es que no hay medidas efectivas ni resultados significativos.
También condenaron el desenlace de una controversia parlamentaria entre el oficialismo y la oposición, en la que el primero pudo imponerse reclutando legisladores de algunos integrantes de dos de los cuatro partidos de oposición.
Al ig ual que los opositores, los manifestantes calificaron esa situación como la reedición de las prácticas del gobierno de Alberto Fujimori, -padre de la presidenta-, y su asesor, Vladimiro Montesinos, el primero fallecido y el segundo preso tras difundirse un video en el que aparece comprando virtualmente a un congresista con fajos de billetes, método usado para hacerse de la mayoría del parlamento de entonces, en 2002, y el escándalo obligó a fugar a Fujimori padre.
Entre los motivos de la protesta de anoche destaca la exigencia al Gobierno que redoble esfuerzos para apagar los incendios causados por la sequía en territorios andinos que afectan a los agricultores y pobladores de esas regiones.
Otra demanda condena presuntos proyectos gubernamentales de asignar a intereses privados y tierras estatales para proyectos forestales y agrícolas.
De otro lado, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep) convocó un paro nacional de escuelas estatales para exigir al gobierno que ejecute una ley, aprobada por el partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados del anterior Congreso, que dispuso en 2025 un aumento de salarios para los educadores jubilados.
Asimismo, las agrupaciones de mineros informales anunciaron movilizaciones contra un proyecto oficial en proceso que plantea su legalización en condiciones inviables
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