Representantes de seis países de la región expusieron sus experiencias durante una audiencia dedicada a las obligaciones internacionales de Canadá frente a los impactos de sus compañías extractivas en el exterior.

Desde México, José Luis Abarca, hijo del activista Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre de 2009, reclamó justicia para su familia y pidió que la CIDH admita una demanda presentada en 2023 contra el Gobierno canadiense.

El denunciante atribuyó el crimen a la oposición de su padre a un proyecto de la minera Blackfire y cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas ante las amenazas que enfrentaba el ambientalista.

Según su testimonio, existen señalamientos sobre presuntos pagos de la empresa a funcionarios para controlar a su padre, quien llegó a ser detenido sin pruebas de delitos. La familia y organizaciones civiles mantienen sus reclamos para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Por Panamá, la activista Leysi Rodríguez denunció la estigmatización y criminalización de organizaciones que cuestionan el proyecto minero en Donoso, en la provincia caribeña de Colón, empresa subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals.

Rodríguez afirmó que defensores de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas son objeto de descalificaciones y acusaciones que, a su juicio, buscan desacreditar sus demandas, centradas en la protección del agua, los territorios y el medio ambiente.

El abogado Carlos Bichét, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sostuvo que Canadá tiene obligaciones de debida diligencia, supervisión y seguimiento respecto a los impactos de sus empresas extractivas en otros países.

En ese sentido, señaló que las responsabilidades deben abarcar tanto los daños ambientales como las afectaciones a las personas que defienden los territorios y los recursos naturales.

Mientras, la abogada canadiense Charis Kamphuis, del Justice & Corporate Accountability Project, afirmó que su país conoce desde hace décadas las denuncias sobre los efectos de la actividad minera en el extranjero, pero continúa respaldando al sector mediante instrumentos diplomáticos, económicos y jurídicos.

Kamphuis cuestionó la falta de mecanismos efectivos para facilitar el acceso a la justicia, investigar las denuncias, sancionar a los responsables y garantizar reparaciones a las víctimas.

Los participantes solicitaron a la CIDH examinar las obligaciones internacionales de Canadá y la responsabilidad que pudiera corresponderle frente a las vulneraciones denunciadas en comunidades latinoamericanas.

Las intervenciones se producen en el contexto de las controversias que rodean a la minería metálica en la región y, en particular, al proyecto Cobre Panamá, cuya operación permanece suspendida desde finales de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero por la Corte Suprema de Justicia.

La CIDH, cuestionada aquí por organizaciones populares, incluyó la audiencia en su agenda del 197 período de sesiones, celebrado del 26 al 30 de octubre en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la capital panameña.

/ga