El documento identificó 30 casos que involucran a 86 mujeres y 250 hombres, quienes afrontan en conjunto 509 procesos judiciales, hostigamientos administrativos y otras acciones.
Una misma persona puede acumular hasta nueve causas y entre las situaciones más mencionadas están conflictos mineros, disputas territoriales, movilizaciones sociales, defensa de los derechos indígenas y cuestionamientos a las actuaciones del poder público.
El informe de la Alianza incluye casos de dirigentes sociales y organizaciones indígenas cuyos fondos bancarios fueron bloqueados, así como sanciones administrativas contra colectivos de la sociedad civil.
Paralelamente, este martes, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representantes de colectivos ecuatorianos se refirieron a la situación de la democracia y el cierre del espacio cívico en Ecuador.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), apuntó que el país ha permanecido bajo estados de excepción durante más de 950 días desde enero de 2024, lo que convirtió una medida extraordinaria en una forma habitual de gobernar.
Según Bastias, ese marco ha servido para establecer mecanismos de control y propiciar violaciones de derechos humanos con impunidad, en lugar de limitarse a enfrentar la crisis de seguridad.
La coordinadora de la Alianza, Vivian Idrovo, sostuvo que las reformas normativas impulsadas con el argumento de combatir el crimen organizado han debilitado las instituciones encargadas de proteger derechos y, al mismo tiempo, fortalecido los mecanismos de restricción contra organizaciones sociales y sectores opositores.
Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), alertó sobre la intensificación de proyectos extractivos sin consulta ni consentimiento de las comunidades y denunció que la militarización, las intimidaciones y la criminalización afectan la autonomía de los pueblos indígenas.
La investigadora Nicole Cuenca, por su parte, alertó sobre restricciones a la participación política poco antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
En ese contexto, mencionó la suspensión de organizaciones opositoras, acciones judiciales contra alcaldes y la detención de la excandidata presidencial, Luisa González, de la Revolución Ciudadana.
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