Los legisladores pidieron también la renuncia de Rabat y del subsecretario de esa cartera, Luis Silva, por haber incumplido con su obligación de proteger a los niños y adolescentes.

Gael Yeomans, del Frente Amplio, consideró la concesión de beneficios carcelarios como un acto “absolutamente aberrante e injustificable”.

“Es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional”, dijo Yeomans.

Rabat fue citado este miércoles a una sesión de la Cámara Baja donde, según los parlamentarios, no logró justificar la decisión de otorgar los polémicos beneficios a 56 condenados por los citados delitos.

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