El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó el calendario de protestas, que comenzará este jueves 29 de octubre con una concentración a las 16:00, hora local, en las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito.
Las siguientes jornadas están previstas para el 7 de noviembre, con la participación de jóvenes y organizaciones sociales; el 25 de noviembre, con una marcha de mujeres contra todas las formas de violencia; y el 10 de diciembre, en defensa de los derechos humanos.
Quishpe también llamó a votar contra los candidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en los comicios seccionales del 29 de noviembre, cuando se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales. Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular sostuvo que las protestas buscan defender la democracia, las libertades y los derechos de los trabajadores y sectores populares.
Afirmó que más de 2,8 millones de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, mientras los grandes grupos empresariales acumularon más de ocho mil millones de dólares en lo que va de 2026.
“La lucha social es el camino para detener a un gobierno de la calaña de Noboa”, afirmó el dirigente del Frente Popular, quien llamó a expresar el rechazo al oficialismo tanto en las calles como en las urnas.
La dirigente indígena Pacha Terán defendió la convocatoria del 25 de noviembre como una marcha de mujeres que se opondrá a todo tipo de violencia y también llamó a negar el voto al oficialismo y sus aliados.
Los dirigentes denunciaron, además, la persecución judicial contra representantes sociales, sindicales y políticos de oposición.
Erazo aseguró que más de 300 líderes enfrentan persecución por su participación en las protestas de octubre de 2025. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, expresó su solidaridad con Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y otros dirigentes investigados.
Bedoya cuestionó lo que considera un trato desigual de la justicia y denunció el cierre de espacios de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones laborales.
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