“Esta administración no tiene nada que ocultar”, afirmó Muñoz, militante de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, al defender la disposición del municipio a facilitar las investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía y otros organismos de control.
La denuncia se produce días después de que la Fiscalía y la Policía allanaran dependencias del Municipio de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en una investigación por presunto peculado.
Este martes, durante una sesión del Concejo Metropolitano de Quito, el burgomaestre afirmó que buscan obstaculizar la gestión municipal.
Mencionó que la Contraloría General del Estado ha realizado 514 exámenes y solicitudes de información, mientras que la Asamblea Nacional (Parlamento) ha remitido 28 pedidos de información, cifras que representan incrementos respecto de administraciones anteriores.
El alcalde también señaló que el Servicio Nacional de Contratación Pública mantiene suspendidos 67 procesos municipales, incluidos todos los relacionados con las Fiestas de Quito, agenda de eventos con las que cada mes de diciembre se celebra el aniversario de la ciudad.
El funcionario, aspirante a la reelección en representación de una alianza de izquierdas, lamentó que las denuncias y su difusión pública afecten la reputación del municipio y sus líderes antes de que se determinen responsabilidades.
La declaración de Muñoz coincidió con la aprobación este martes de un informe de fiscalización de la Asamblea Nacional sobre posibles incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales elegidas para el período 2023-2027.
El documento, aprobado con 83 votos, evaluó a 245 autoridades cantonales y provinciales mediante el cruce de información de organismos de control y registros tributarios y societarios.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Christian Benavides, señaló que se recomendó mantener en reserva la identidad de los funcionarios para evitar que el informe fuera utilizado con fines políticos antes de las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
El asambleísta Xavier Lasso, de la RC, advirtió que el Legislativo no tiene competencias para fiscalizar directamente a los gobiernos locales y vinculó el endurecimiento de las acciones con la proximidad del calendario electoral.
“Estábamos advertidos porque conforme se acercaba el momento culminante de la campaña electoral, iba a ser más crudo este comportamiento. ¿Qué ha hecho el gobierno por Quito? Nada” , aseveró Lasso.
Asimismo, legisladores como Liliana Durán, Héctor Rodríguez y Verónica Íñiguez, acusaron al oficialismo de utilizar la Asamblea para obstaculizar la gestión de municipios que no controla políticamente.
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