Esa comitiva, enviada por determinación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estuvo integrada por los ministros de Pueblos Indígenas, Eloy Terena; de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva; y de Derechos Humanos y Ciudadanía, Janine Mello.

Las diputadas federales Sônia Guajajara y Célia Xakriabá también acompañaron las diligencias en los territorios afectados las hostilidades, que se acrecentaron tras la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

De acuerdo con el portal Brasil de Fato, la delegación visitó la aldea Taquapery, en el municipio de Coronel Sapucaia, y tenía previsto trasladarse a Sassoró, en Tacuru, ambas en la frontera con Paraguay.

Mientras los titulares de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos dialogaron con las comunidades, el ministro de Justicia sostuvo reuniones con representantes de las fuerzas de seguridad.

El recorrido responde a denuncias de intimidaciones, ataques y amenazas contra los pueblos originarios, entre ellas la divulgación de audios atribuidos a dos trabajadores de la alcaldía de Tacuru en los que uno de ellos propone envenenar el agua consumida por los indígenas.

La administración municipal confirmó que ambos eran funcionarios y los apartó de sus puestos, además de iniciar procedimientos disciplinarios.

Según el Ministerio Público Federal, los primeros análisis no detectaron contaminación en los pozos artesianos de la comunidad, mientras la Policía Federal mantiene abiertas las investigaciones sobre las amenazas.

Otro episodio bajo pesquisa ocurrió el 29 de octubre, cuando un incendio destruyó la casa de rezo de Ñandesy Roberta, una líder espiritual de 90 años, en la aldea Jaguapiré, también situada en Tacuru.

Para diputada Célia Xakriabá, la escalada de hostilidades no constituye un hecho aislado y la relacionó con represalias políticas contra los pueblos originarios por su movilización durante el proceso electoral.

La misión gubernamental trabaja junto con la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para reforzar la protección territorial, esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El ministro de Justicia anunció, además, que se ampliará el contingente de la Fuerza Nacional en la región, cuyos efectivos permanecerán disponibles para responder a nuevas ocurrencias y apoyar las operaciones de seguridad.

La respuesta federal tiene lugar en una región atravesada por históricos conflictos agrarios, donde los pueblos originarios enfrentan la presión de sectores vinculados al agronegocio y reclaman el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la protección de sus comunidades y el respeto a sus derechos colectivos.

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