El presidente de esa organización empresarial, Arturo Rosabal, manifestó su preocupación por la creciente exposición pública de la controversia que, a su juicio, ha derivado en un intercambio de declaraciones políticas entre ambos gobiernos y afecta la integración económica regional.

El dirigente recordó que se trata de una disputa de larga data, llevada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que emitió a finales de 2025 un fallo favorable a Costa Rica sobre las restricciones impuestas por Panamá.

Sin embargo, el Gobierno panameño mantiene las medidas, alegando la necesidad de proteger los intereses de su sector agropecuario nacional, lo que ha impedido normalizar el intercambio de productos entre ambos países.

Rosabal consideró que la confrontación verbal entre las administraciones vecinas resulta innecesaria y reclamó el levantamiento de las barreras que obstaculizan el comercio intrarregional.

En ese sentido, defendió el libre mercado y la eliminación de obstáculos al intercambio como condiciones para fortalecer la competitividad y la integración económica centroamericana.

La controversia afecta a más de 26 plantas productoras costarricenses, cuyos productos cárnicos y lácteos enfrentan restricciones para ingresar al mercado panameño.

Costa Rica ha planteado dos acuerdos y un mecanismo de arbitraje ante la OMC para buscar una salida al conflicto, que se mantiene desde 2019. Entre las propuestas figura un memorando de entendimiento sobre productos de interés para sus exportaciones.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, sostuvo que las iniciativas costarricenses no representan novedades sustanciales, pues, según explicó, recogen planteamientos discutidos anteriormente. El funcionario señaló que la aprobación de plantas extranjeras para exportar a Panamá responde a procedimientos rigurosos en materia sanitaria y fitosanitaria, coordinados con los ministerios de Salud y de Desarrollo Agropecuario.

No obstante, reiteró la disposición panameña a facilitar un comercio justo y equilibrado entre los dos países.

Por su parte, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) advirtió que el diferendo continúa sin avances significativos y cuestionó la falta de señales concretas para superar las diferencias.

Su presidente, Rosmer Jurado, consideró que una solución requiere voluntad de ambas partes y advirtió que la permanencia de la demanda ante la OMC podría prolongar las negociaciones durante años.

El dirigente empresarial también señaló la necesidad de garantizar condiciones equitativas para las compañías exportadoras panameñas en el mercado costarricense.

La disputa comercial se ha convertido así en un punto de tensión entre dos países vecinos, con repercusiones para el intercambio bilateral y los esfuerzos de integración económica centroamericana.

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