Durante su participación en el XXII Diálogo de Manama, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el ministro de Asuntos Exteriores rechazó, en una sesión titulada «El Mediterráneo Oriental: encrucijada de continentes y puente hacia el Golfo», cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de su país.

El ministro señaló que Líbano ha sufrido durante años las consecuencias de que grupos armados se conviertan en instrumentos de influencia extranjera, mientras la población ha pagado un alto precio por conflictos que no eligió.

También advirtió sobre los riesgos para la navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, así como en el mar Rojo, y afirmó que la seguridad del Golfo está estrechamente vinculada con la del mar Rojo y el Mediterráneo oriental.

En el ámbito interno, Raji afirmó que Líbano, bajo la presidencia de Joseph Aoun y el Gobierno del primer ministro Nawaf Salam, trabaja para restablecer la autoridad del Estado.

Al respecto, destacó las decisiones gubernamentales encaminadas a restringir las armas al control estatal y prohibir las actividades militares y de seguridad de Hezbolá. Aseguró que esas medidas responden a una convicción soberana nacional y no a imposiciones externas.

«Líbano ya no aceptará que su territorio se utilice como plataforma para amenazar la seguridad de sus hermanos árabes, ni como moneda de cambio en acuerdos negociados fuera de sus fronteras», declaró.

Añadió que la política exterior del país se decide en Beirut y que únicamente el Estado determina la seguridad nacional.

El canciller subrayó que la recuperación de la soberanía requiere la retirada total de Israel de los territorios libaneses ocupados, el cese de las hostilidades y la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El 5 de agosto de 2025, el Gobierno libanés encargó al Ejército elaborar un plan para consolidar el control estatal sobre las armas, aprobado por el gabinete un mes después. En marzo pasado, las autoridades decidieron prohibir las actividades militares y de seguridad de Hezbolá y exigir que el movimiento entregara sus armas al Estado, limitando sus funciones al ámbito político.

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