La evaluación se dio a conocer tras una reunión celebrada en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, con la participación del subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, y el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, junto a los responsables de la Agencia para la Ciberseguridad Nacional (ACN) y de los servicios de inteligencia.

Según un comunicado oficial, las primeras comprobaciones identificaron afectaciones en un número reducido de unidades comerciales, frente a los miles de establecimientos existentes en Italia.

Las autoridades señalaron que buena parte de los sistemas vulnerables presenta mecanismos de protección obsoletos, interfaces directamente expuestas a Internet y deficiencias en los procedimientos de autenticación.

En contraste, la mayor parte de la cadena de distribución alimentaria cuenta con sistemas de seguridad actualizados, capaces de impedir intrusiones maliciosas, precisó el Ejecutivo.

El Gobierno aseguró que no se ha detectado ningún caso de riesgo para la salud de los ciudadanos relacionado con posibles procesos de descongelación de alimentos.

Indicó que la ACN comunica cualquier eventual anomalía a los Núcleos Antisofisticación y Sanidad (NAS) de los Carabineros, para facilitar una intervención rápida.

La Agencia mantiene contactos con representantes de los sectores afectados y directivos de los principales operadores comerciales, mientras las instituciones competentes continúan el seguimiento de la amenaza.

El Ejecutivo estableció cuatro líneas de actuación: vigilancia y análisis de los riesgos; diálogo permanente con proveedores y distribuidores de la cadena alimentaria; identificación y notificación rápida de los establecimientos expuestos, y difusión de orientaciones preventivas para reducir las vulnerabilidades.

El comunicado precisó que el seguimiento de esta amenaza comenzó hace varios meses y aseguró que, aunque no existe una situación de alarma, las autoridades mantienen la máxima atención ante posibles nuevos incidentes.

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