“Es delito lo que cometió”, resumió la jefa del Ejecutivo en respuesta a una pregunta sobre la solicitud de asilo político realizada por Gómez a Estados Unidos en la cual se declara una supuesta perseguida por su ideología conservadora.

Autoridades capturaron el viernes en Florida a la acusada aquí de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero por una red de empresas fantasmas que habría movido unos tres mil millones de pesos (159 millones de dólares) en contratos del sistema penitenciario federal.

La mandataria proyectó en su habitual conferencia de prensa un video difundido ayer por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en el cual refiere que, en sus propias cuentas personales, Gómez recibió recursos de procedencia ilícita.

“Es una investigación que no la iniciamos nosotros. Viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora, por motivos de migración, fue detenida, esperando pues que pueda proceder la extradición”, puntualizó la dignataria desde Palacio Nacional.

Godoy precisó la víspera que la captura de esta persona en la nación vecina obedecía a su situación migratoria y sostuvo que, de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión a su llegada a México.

“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas”, declaró la titular, al añadir que, desde que esta persona huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia.

En ese sentido, recordó que en septiembre del año pasado se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia, se integró la petición formal correspondiente.

Además, durante las últimas semanas, en colaboración con autoridades del país norteño, se intercambió información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes.

El diario La Jornada advirtió el sábado que nada garantiza que la captura de Gómez desemboque en una entrega, al señalar que el arresto tiene lugar un mes después de que Interpol cancelara la ficha roja contra ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, cuya defensa alegó persecución política.

“Álvarez Puga fue arrestado por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en septiembre de 2025 y, lejos de ser enviado a México, obtuvo libertad bajo fianza con un localizador”, mencionó la publicación en un editorial titulado “Estados Unidos: facilitador de impunidad”.

El medio hizo énfasis en que no se trata de un caso aislado, pues entre enero de 2018 y mayo último México formuló 269 requerimientos de extradición a su vecino y este no entregó a una sola persona.

oda/las