La normativa, integrada por seis artículos, establece la creación de la Agencia para el Cine y el Audiovisual, un organismo público no económico, dotado de autonomía organizativa, patrimonial, financiera y de gestión, que comenzará a funcionar el 1 de enero de 2028.

Según la Cámara Alta, la nueva entidad asumirá las funciones operativas y administrativas que actualmente desempeña la Dirección General de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura, mientras ese departamento conservará las atribuciones de orientación política, supervisión estratégica y control.

El texto contempla asimismo la creación del Foro del Cine y el Audiovisual, un órgano permanente de consulta, análisis y participación, integrado por 16 miembros: ocho expertos del sector y ocho representantes de las asociaciones profesionales.

Su cometido será asesorar al Ministerio y a la nueva Agencia en la definición de las políticas públicas.

Entre los principales objetivos de la reforma figura también la reorganización del sistema de incentivos y ayudas estatales, mediante una programación trienal, procedimientos administrativos simplificados, plazos definidos para la entrega de contribuciones y mayores controles sobre el empleo de los recursos públicos.

El Gobierno recibirá facultades para revisar y coordinar la legislación vigente, con medidas destinadas a respaldar la producción independiente, las primeras y segundas películas, los jóvenes realizadores y las producciones de menor dimensión económica.

La disposición incluye un plan nacional para la reapertura, recuperación y modernización de las salas cinematográficas, así como acciones para combatir la piratería y ampliar el acceso a las obras audiovisuales de las personas con discapacidad.

Otro de los aspectos abordados es la utilización de la inteligencia artificial en la industria, con garantías de transparencia y protección de los derechos de autores, artistas intérpretes y ejecutantes, ante los cambios tecnológicos que afectan los procesos creativos y productivos.

La legislación incorpora además disposiciones relacionadas con las condiciones laborales y la protección social de los trabajadores del espectáculo, incluida la revisión de la denominada indemnización por discontinuidad laboral y de los mecanismos de cobertura asistencial.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, calificó la aprobación como un resultado histórico para la cultura italiana y destacó el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas parlamentarias, reportó Italpress.

Expresó que la reforma busca adaptar las normas del sector a las transformaciones de la industria y los desafíos tecnológicos.

La aprobación tiene especial relevancia porque supone una reorganización de la estructura institucional del cine italiano, 10 años después de la ley de 2016.

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