De acuerdo con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, el Estado aporta 105,37 pesos (1,73 dólares) por cada galón de gasoil óptimo, cuyo precio actual es de 318,10 pesos (5,21 dólares), pero que se comercializaría a 423,47 pesos (6,94) si se eliminara esa contribución pública.
Durante un encuentro en Santo Domingo sobre las repercusiones de los costos internacionales de los hidrocarburos, precisó que el subsidio a la gasolina regular asciende a 112 pesos (1,84) por galón.
Sin esa intervención, el combustible, que se vende a 317,50 pesos (5,20), costaría alrededor de 429,50 pesos (7,04), puntualizó.
La asistencia estatal también alcanza los 40 pesos (0,66) por galón de gasoil regular y 61 pesos (un dólar) para el gas licuado de petróleo (GLP).
Al explicar las causas de las presiones sobre el mercado, señaló que el encarecimiento no responde únicamente a las cotizaciones del petróleo, sino también al costo de refinación, es decir, del procesamiento del crudo para obtener productos terminados como gasolina y diésel.
En ese sentido, afirmó que el margen de refinación pasó de 36 por ciento al inicio de la crisis en Medio Oriente, en febrero, a 123 por ciento en el momento de su intervención.
Como ejemplo, mencionó que durante la semana del 24 de septiembre el barril de petróleo descendió de 94 a 91 dólares, mientras el costo de refinación del diésel aumentó casi un 10 por ciento.
Sanz Lovatón explicó que ocho de cada 10 galones de combustibles importados por República Dominicana corresponden a productos ya refinados, por lo que su costo de adquisición está condicionado tanto por el precio del crudo como por los gastos de procesamiento y transporte.
Asimismo, sostuvo que el mecanismo para establecer los precios internos contempla el costo de importación, flete, seguro, impuestos, márgenes de comercialización y ajustes por temperatura.
En los últimos meses, el importe de los combustibles se ha convertido en una de las preocupaciones económicas más relevantes de República Dominicana, no solo por lo que pagan directamente los consumidores, sino por su efecto sobre toda la economía.
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