Le Pen argumentó que el financiamiento de la ayuda militar y económica a Kiev se convirtió en un problema para Europa, donde varios países se oponen a nuevos desembolsos, y aludió a los préstamos ya contraídos y a las presiones de la dirección alemana, que no detalló.

Sus declaraciones colocan el costo de la asistencia a Ucrania en el centro de su discurso electoral, de cara a las elecciones de abril próximo, para los cuales, de acuerdo con recientes sondeos, cuenta con entre 34 y 36 por ciento de las intenciones de voto.

En el terreno electoral, expresó preocupación por el desarrollo de la campaña y reclamó que los candidatos puedan realizar sus actividades sin obstáculos.

Al referirse a un incidente, que ella atribuye a supuestos militantes de La Francia Insumisa (LFI), lo calificó de intimidación y pidió a Jean-Luc Mélenchon, máximo dirigente de esa formación política, que intervenga.

Sin embargo, su discurso de exigencia moral contrasta con su propia situación judicial.

El 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París confirmó su culpabilidad por malversación de fondos públicos europeos en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional, actual Alianza Nacional (RN).

La condena incluye tres años de prisión, dos de ellos suspendidos y uno en arresto domiciliario con vigilancia electrónica (brazalete), 100 mil euros de multa y 45 meses de inhabilitación política, 30 de ellos en suspenso.

Pero el recurso ante el Tribunal de Casación, presentado por Le Pen, dejó sin efecto por ahora esas condenas, por lo que realiza su campaña electoral con completa libertad de acción.

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