Mantendrán presencia (plantones) en un punto del departamento capital, específicamente en los alrededores del Ministerio de Finanzas, así como en distintos sectores de los 22 departamentos de este territorio centroamericano.

Tras el anuncio de la protesta, el presidente del país, Bernardo Arévalo, explicó el pasado lunes en declaraciones a TV Azteca que mantienen espacios de diálogo con ese sector.

Mediante su perfil en la red social X, remarcó cuentan con “el dinero para poder pagar el resultado de un acto del Congreso que indicó que había que pagar sumas a los veteranos militares”.

Sin embargo, acotó el mandatario, hay que crear el espacio para hacerlo, en referencia a una ampliación presupuestaria que enviaron al Legislativo semanas atrás para su aprobación.

En ella estamos solicitando que se nos autorice ese espacio, subrayó, mientras reiteró que tienen los fondos y la voluntad de pagar, “lo que hace falta es la ampliación presupuestaria para solventar los tres meses de retraso”.

Los exmilitares obtienen un beneficio económico (mil quetzales mensuales –casi 130 dólares) a cambio de su inserción en un programa de reforestación, con la Ley de Desarrollo Integral del 24 de octubre de 2022.

Esa norma de la anterior legislatura estableció la creación de una modalidad para apoyar al Personal de Tropa que prestó servicio militar durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).

Nos sentimos utilizados para que el Gobierno tenga una ampliación presupuestaria a su favor, declaró a la prensa Antonio Pérez, uno de los líderes de los plantados.

Existen mecanismos legales para hacer el pago, aseguró el diputado de oposición Elmer Palencia, jefe de bloque de la bancada Valor, citado por el diario local Prensa Libre.

“No se dejen impresionar ni manipular para generar cualquier tipo de manifestación en favor de una ampliación presupuestaria”, afirmó tras reunirse con los exmilitares.

En protestas efectuadas en 2021, este mismo grupo quemó algunas oficinas del Parlamento luego de irrumpir por la fuerza, mientras luego en la Plaza de la Constitución de esta urbe sobresalió por una pelea a golpes entre participantes.

Algunas asociaciones de exmilitares continuaron inconformes a raíz de la emisión de la Ley y pidieron un desembolso de 120 mil quetzales (15 mil 780 dólares), que sumaría a huérfanos y viudas.

Esa propuesta nunca prosperó, aunque la amenaza constante de acciones a modo de presión siguió en el ambiente a lo largo de casi dos años.

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