La iniciativa, una reforma a la Carta Magna cuya aprobación en el primer debate del plenario requiere de al menos 38 votos, será enviada luego como consulta a la Sala Constitucional, según el director de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (parlamento), Fernando Campos.
El principal tema de análisis durante los próximos debates sobre la propuesta, que autorizaría solo la extradición a nacionales con crímenes asociados al narcotráfico y al terrorismo, será la adición de otros delitos en el texto legal definitivo, recordó el diputado.
“Las mociones de reforma constitucional –explicó- se discuten y aprueban en el plenario, luego de recibirse el dictamen afirmativo de la comisión especial sobre la propuesta original, en este caso presentada por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros”, según el diario La República.
La decisión final sobre el proyecto –publica el periódico- deberá contar aún con un informe de Servicios Técnicos sobre si es viable o no añadir más delitos a la redacción original, aseguró, por su parte, el presidente del foro legislativo y jefe del partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo.
Otra formación política interesada en agregar a la propuesta otras figuras delictivas adicionales a las vinculados con el narcotráfico es el Partido Unidad Social Cristiana, de acuerdo con su vocero Horacio Alvarado.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el 18 de junio que esta reforma constitucional propuesta por el Gobierno al parlamento para permitir la extradición de costarricenses por delitos extremos no altera la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial.
El proyecto -añade un documento sobre recomendaciones de los magistrados sobre el texto- debe acompañarse de ajustes en las normas necesarias para darle coherencia en el ordenamiento jurídico y evitar negativas interpretaciones futuras.
Gerardo Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal a cargo de la revisión del proyecto, instó a los legisladores a modificar otras normas en la Ley de Extradición o el Código Penal, que actualmente impide la expatriación de costarricenses.
El proyecto legislativo, cuya comisión de estudio de siete miembros fue integrada el 29 de mayo por aprobación del Congreso, introduce una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para establecer la citada expulsión de nacionales.
La nueva entidad estudió una antigua propuesta retomada de un expediente del Legislativo para tratar y modificar lo expresado en la Ley de Leyes respecto a que “ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional”.
Los cambios a que arribe el Congreso permitirían aplicar el mecanismo de extradición tanto a costarricenses por nacimiento como por naturalización.
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