La medida rige en esas regiones desde los primeros meses del presente año y, según argumento oficial, tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y combatir la criminalidad.
La ciudad de Trujillo, capital de la provincia del mismo nombre y de la región de La Libertad, sufre sobre todo la acción de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato, al igual que en la provincia de Virú.
En Pataz el problema es la minería ilegal y la acción de organizaciones delictivas que en diciembre de 2023 atacaron la importante empresa minera Poderosa y dieron muerte a nueve guardias de seguridad privada y trabajadores de la compañía.
El estado de emergencia incluye la suspensión de los derechos constitucionales a la inviolabilidad domiciliaria, a la libertad de tránsito y reunión, y a la libertad y seguridad personales.
La medida se aplicará desde el 11 de septiembre, después de que haya terminado la prórroga anterior.
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