El déficit de esos llamados “controles no intrusivos” (escáneres, pesas) fue revelado por la Contraloría General de la República (CGR) mediante un informe de auditoría a los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Seguridad Pública y Comercio Exterior, que develó también atrasos en la instalación de algunos de esos servicios de seguridad.

Los controles no intrusivos constituyen un mecanismo esencial para la inspección aduanera y la recaudación tributaria, al permitir la detección de mercancías sin declarar o subdeclaradas, sin abrir las unidades de transporte ni interrumpir el flujo del comercio, aclaró el ente fiscalizador.

La aplicación de esos medios, que esta vez solo fueron usados en dos de los nueve puntos de ingreso, salida y tránsito de mercancías analizados, contribuye a reducir la evasión fiscal y garantizar el ingreso de recursos al Estado, subraya el informe de la CGR.

Otra insuficiencia –señala- fue que los puntos donde sí fueron aplicados en 2024 dichos recursos no intrusivos, su ejecución fue limitada, pues solo fueron inspeccionadas el 48 por ciento de las unidades de transporte movilizadas en el Complejo Portuario Moín, de la provincia suroriental de Limón.

De acuerdo con la CGR, esas deficiencias incrementan el riesgo de evasión fiscal y el ingreso de mercancías ilegales al país.

El 15 de noviembre de 2024 –agrega el reporte- fue realizado un trámite aduanero para el ingreso de dos escáneres productos de una donación.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2025 el Ministerio de Seguridad Pública reportó que dichos equipos permanecían en su custodia, sin ensamblar ni instalar, por lo que aún no están en funcionamiento en los Puertos de Caldera y Limón.

La Contraloría denunció, además, la falta de un sistema de seguimiento para monitorear el cumplimiento de metas y verificar la instalación y operación de los equipos, función que solo está contemplada en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Seguridad Pública.

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