En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario afirmó que los problemas en algunas prisiones del país no obedecían al hacinamiento, como habitualmente se señaló, sino que respondían a una estructura de negocio ilegal dentro de esas instalaciones.
Mencionó el caso del centro penal de Támara, en el departamento de Francisco Morazán (donde se ubica Tegucigalpa, la capital del país), en el cual las autoridades descubrieron módulos de lujo, que eran vendidos a privados de libertad hasta por 300 mil lempiras (unos 11 mil 500 dólares).
Imágenes difundidas por canales de televisión mostraron las llamadas celdas VIP que, entre otras comodidades, estaban provistas de aire acondicionado, camas confortables, modernos televisores, refrigeradores y baños de lujo.
Precisamente, Muñoz atribuyó esos supuestos hacinamientos al hecho de que celdas concebidas para unos 40 reclusos, eran utilizadas por apenas cinco, debido a la construcción de esos módulos de lujo ilegales con privilegios para pandilleros y narcotraficantes, algunos con solicitud de extradición, detalló.
El titular del INP, quien asumió su misión en julio de 2023, confirmó el despido en las venideras dos semanas de unos 22 funcionarios vinculados con esas irregularidades.
Entre los cómplices de la corrupción y de garantizar esas anomalías en las cárceles citó a médicos, enfermeras, custodios y sicólogos.
Estas áreas exclusivas contaban con comodidades que favorecían el confort de ciertos internos, generando un fuerte rechazo social y cuestionamientos sobre la igualdad en el sistema carcelario, manifestó.
Aseguró que no permitirá que en las prisiones se siga moviendo dinero como hasta ahora, lo cual, enfatizó, generó privilegios de muchos criminales sobre los demás.
“Aunque a muchos les duela, no podemos ver como víctimas a los victimarios”, advirtió el presidente de la Comisión Interventora del INP, en alusión a algunas críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Llamó a los entes nacionales e internacionales a no proteger a “los terroristas ni a las organizaciones criminales”.
Alegó que las recientes acciones emprendidas en el sistema penitenciario hondureño, como los traslados masivos de reclusos, responden a normas nacionales e internacionales que establecen la clasificación de los privados de libertad.
“No podemos tener en una misma celda a una persona que acaba de ingresar con otra condenada a 50 o 300 años de prisión”, explicó.
Ese reordenamiento responde a una estrategia para recuperar el control del sistema carcelario y reubicar a unos seis mil miembros de pandillas y estructuras del narcotráfico en centros de máxima seguridad.
arc/edu
