La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó extender esa medida hasta el domingo 29 de junio, la cual permite la restricción de varias garantías constitucionales.

La resolución gubernamental también restableció los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por abogados y expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.

Este artículo 23 tiene como finalidad garantizar que un juez competente decida sobre la legalidad de la detención y, cuando corresponda, ordene la liberación inmediata de la persona aprehendida, gestión que comienza a incrementarse debido a arrestos arbitrarios , según los manifestantes contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

También se aprobó una resolución del Ejecutivo que permite aumentar de 10 a 40 millones de dólares la erogación de recursos para atender la recuperación económica del territorio noroccidental fronterizo con Costa Rica, eminente turístico y bananero.

Entre las restricciones que se mantienen está la suspensión de los servicios de internet y telefonía móvil en Bocas del Toro, lo que para varias agrupaciones como el sindicato de periodistas de Panamá es violatorio de tratados internacionales.

Ese colectivo en un comunicado señalo que de esta manera se obstaculiza el conocimiento ciudadano de situaciones sensibles como manifestaciones, protestas sociales y posibles abusos de autoridad, como lo fue el traslado de decenas de apresados incomunicados, rapados y desnudos a otra provincia para legalizar su detención.

En un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación, señala ese texto.

El apagón digital fue ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como parte de las acciones del Ejecutivo para contener las protestas que desde hace casi dos meses se concentran en el occidental territorio, especialmente en rechazo a las reformas sobre pensiones y jubilaciones.

La provincia de Bocas del Toro es epicentro de las movilizaciones sociales recientes. Las manifestaciones, convocadas por sindicatos, colectivos ciudadanos y sectores indígenas, se han intensificado en las últimas semanas en rechazo a reformas consideradas regresivas en materia de seguridad social. Algunos incidentes han derivado en cierres de vías, enfrentamientos y detenciones.

El conflicto social se mantiene activo desde finales de abril, impulsado por protestas contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, bloqueos de vías, huelgas y enfrentamientos que han afectado severamente al turismo, la economía y los servicios esenciales en la región.

El Gobierno puso en marcha desde el pasado sábado 14 de junio, la operación Omega en Bocas del Toro y la vecina provincia de Chiriquí con el objetivo de reabrir las vías bloqueadas.

De otra parte, el Ejecutivo emitió un decreto de conjunto con el Ministerio de Educación mediante el cual se establece, con carácter transitorio, un procedimiento especial para la selección y nombramiento de maestros y profesores en escuelas públicas, en sustitución de los docentes que participan en la manifestaciones contra el seguro social.

La medida, según las autoridades busca restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en beneficio de los estudiantes, luego de las afectaciones al calendario escolar por diversas interrupciones en los últimos meses, específicamente por la huelga indefinida declarada por los gremios magisteriales.

Meduca no ha precisado aún cuántos docentes se verán involucrados en este nuevo mecanismo, pero se espera que contribuya significativamente a normalizar el funcionamiento de los planteles públicos antes de finalizar el año escolar.

De otra parte, trascendió que el próximo viernes, integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida convocaron a una nueva hacia el legislativo para presentar sus reclamos entre los cuales también sobresale el rechazo a un acuerdo suscito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares, que estiman lesivo a la soberanía nacional.

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