El organismo de control fiscal, impuesto por Washington tras la bancarrota del gobierno puertorriqueño, estableció al director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Josué Colón, que no puede dar paso al contrato porque requiere un análisis mayor de sus implicaciones fiscales, energéticas y operacionales.

La JSF consideró que el proceso de licitación no fue competitivo, ya que de trece empresas que solicitaron los documentos, solo dos presentaron propuestas formales.

Igualmente, se indicó, hubo cambios significativos en los requisitos durante el proceso, como la reducción de la fianza requerida, enmiendas que no fueron notificadas de forma amplia a otros potenciales licitadores.

Además de esta licitación de la transparencia, se destacó el monopolio que implicaría el contrato con la privatizadora GeneraPR, al otorgar a NF Energía el suministro exclusivo de gas natural licuado para casi todas las plantas de generación de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos.

Esto, a juicio de la JSF, en carta firmada por su director ejecutivo Robert Mujica, eliminaría la competencia y restringiría las futuras opciones de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para negociar mejores precios.

El organismo puso en entredicho la cláusula de compromiso de compra fija, pues obligaría a la AEE a pagar por grandes volúmenes de gas aunque no los consuma, lo cual generaría costos que recaerían en los abonados.

En tanto, NF Energía tendría su responsabilidad limitada al 40 por ciento de los costos en caso de incumplimiento de entrega y la AEE asumiría el coste total si no pudiera recibir el gas por razones operacionales o externas, no especificadas.

La JSF advirtió sobre la incompatibilidad del contrato con el Plan Fiscal establecido, ya que la magnitud de los compromisos sobrepasa las necesidades reales de generación de Puerto Rico y limita los esfuerzos de transición hacia un sistema energético más sostenible y diversificado.

Describió el contrato como el más grande jamás sometido a su revisión bajo la legislación Promesa y señaló que su aprobación, en los actuales términos, sería “irresponsable” y perjudicial para la estabilidad energética y fiscal del país, por lo que recomendó extender el contrato actual de LNG como medida temporal para garantizar el suministro de gas.

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