En conferencia de prensa, José Víquez, de la dirección de Suntracs, precisó que ese proceso se realiza regularmente cada tres años, tal como lo establecen los estatutos de la organización.

También desmintió que los comicios responden a presiones y el acoso actual del Ejecutivo, tal como lo han presentado varios medios de la prensa local.

La decisión fue tomada el pasado sábado, se conoció, por el Consejo Nacional del mayor sindicato del país istmeño, que ha mantenido desde el pasado 28 de abril una huelga y otras acciones de protesta, en rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

El anuncio se da semanas después de que el Ministerio Público girara, el pasado 21 de mayo, órdenes de aprehensión contra 15 miembros de la directiva sindical.

Víquez denunció que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado en varias oportunidades su decisión de reducir a Suntracs a su mínima expresión, utilizando la fuerza del Estado.

“No permitiremos que desaparezcan al Sindicato, a pesar del cierre de cuentas bancarias, las persecuciones a dirigentes y que más de 120 afiliados se encuentran sometidos a juicios amañados”, agregó.

Entre los dirigentes mencionados sobresalen Jaime Caballero, secretario de relaciones nacionales e internacionales, actualmente detenido en La Nueva Joya bajo investigación por presunto blanqueo de capitales; y Genaro López, exsecretario general, quien cumple detención domiciliaria por presuntos delitos de estafa agravada, asociación ilícita, falsificación de documentos y blanqueo. Asimismo, dijo, Saúl Méndez, actual secretario general, permanece en la Embajada de Bolivia, donde solicitó asilo para salvaguardar su vida; al igual que Erasmo Cerrud, secretario de defensa, que hizo lo mismo en la legación diplomática de Nicaragua, en esta capital.

Víquez instó a la unidad la firmeza y la disciplina ante este proceso electoral interno en agosto próximo, el cual también será clave para preparar la renovación de la convención colectiva entre el sindicato y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

En la rueda de prensa indicaron que este colectivo mantendrá protestas además contra un memorando suscrito entre el Ejecutivo y Estados Unidos, lesivo a la soberanía nacional; y la intención de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 que ordenó el cierre de sus operaciones.

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