Tras una reunión extraordinaria hasta altas horas de la noche, la víspera, Yanira Yueng, secretaria general de la CSJ, señaló que la autonomía e independencia de este Órgano del Estado, que siempre ha sido respetuosa de la libertad de expresión y de pensamiento, constituye un eje de la convivencia pacífica.
En ese sentido, rechazó la diatriba, los ataques personales, la burla vacía y la desinformación del contenido del Acuerdo.
La medida establecía un fondo de jubilación, que los magistrados denominaron compensación por retiro, del 100 por ciento del salario de los magistrados de la Corte, es decir 14 mil dólares, a lo que varias voces desde el Ejecutivo salieron a reprocharlo.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, giró una nota formal a los magistrados para que desistieran no solo del régimen de jubilación especial, sino que además dieran un paso atrás en el aumento salarial.
También el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, expresó que no estaba de acuerdo con el fondo especial de compensación para el retiro de jueces y magistrados del Órgano Judicial.
Por su parte, el contralor de la República, Anel Flores, anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo, mientras que el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó un recurso de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte en contra de las jubilaciones especiales. En la Asamblea Nacional (parlamento) se presentó un anteproyecto de ley que buscaba derogar las jubilaciones especiales de los magistrados.
La mayoría de las quejas se centraban en que la medida se tomó en medio del reclamo de austeridad en el gasto de las finanzas públicas y los cuestionamientos que históricamente se le hacen a las jubilaciones como las que reciben los agentes de los organismos de seguridad pública por el peso que representan al presupuesto del Estado.
El Acuerdo No. 407 fue acordado por el pleno de la CSJ en el mes de julio de 2024, pero entró en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.
Sobre el tema, el expresidente de la República Martín Torrijos (2004-2009) calificó la decisión como “inaceptable”, mientras destacados juristas la consideraron anticonstitucional.
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