La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, afirmó este lunes en rueda de prensa que “no hay erogación de fondos públicos”.

Jaramillo señaló que los funcionarios que decidieron movilizarse el pasado 12 de agosto lo hicieron libremente, “por su propia voluntad”, y en el caso de los ministros pidieron “permiso, con cargo a vacaciones”.

La vocera reiteró que la administración no estuvo relacionada con la instalación y financiamiento de las vallas con las fotos y nombres de los magistrados de la Corte Constitucional que aparecieron en algunas calles de Quito y acusaban a los jueces de “robar la paz”.

“No tengo conocimiento de quién financió las vallas”, subrayó Jaramillo.

El diario Expreso, sin embargo, reveló que el colectivo Ecuador Merece Paz colocó los carteles y en los metadatos de un boletín de prensa de ese grupo aparece como autora Cristina Maggi, nombre que coincide con el de la directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia de la República.

En respuesta, la Secretaría de Comunicación rechazó “categóricamente” lo que consideró “una investigación sin sustento, basada en conjeturas y en un supuesto usuario que cualquiera podría crear para desacreditar a una funcionaria”.

Hasta el momento se desconoce quién financió esas estructuras con mensajes contra los jueces, así como los fondos para los más de 700 autobuses que arribaron a la capital con participantes en la protesta.

La Corte Constitucional suspendió el pasado 4 de agosto de manera cautelar 17 artículos de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional tras admitir varias demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, sindicales, activistas y ciudadanos.

El tribunal argumentó que la aplicación de varios artículos podría generar “efectos concretos, inminentes y graves”, afectando derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos.

Entre los acápites suspendidos figuran el que le confiere al mandatario prerrogativas como el “indulto anticipado” a policías y militares, así como el permiso para obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Para Noboa, sin esas normas se limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad.

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