Con esa norma, los colectivos y fundaciones sin fines de lucro deberán cumplir una serie de disposiciones para evitar suspensiones, entre ellas registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro en un plazo máximo de 180 días.
Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la encargada de vigilar, auditar, intervenir, controlar y supervisar a estas organizaciones.
La Ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, incluyó otros temas, como reformas a la Ley de Minería, al mecanismo de liquidación de Empresas Públicas, entre otros.
Además, modifica sustancialmente la forma de cálculo de impuestos a las utilidades de los accionistas en las empresas.
Más de treinta organizaciones de la sociedad civil en Ecuador expresaron su preocupación por la aprobación el pasado martes en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la disposición que, según aseguraron, «limita injustificadamente» su trabajo.
La también conocida como «ley de fundaciones» busca controlar el flujo irregular de capitales, ya que, de acuerdo con el oficialismo algunas de ellas son utilizadas para lavar dinero y otras formas de flujos irregulares.
Sin embargo, desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, los legisladores denunciaron que el verdadero objetivo del Ejecutivo es perseguir y controlar a las organizaciones de la sociedad civil.
La parlamentaria Liliana Durán, de la RC, afirmó que la normativa abre paso a la persecución de las organizaciones sociales porque se permite el cierre por aspectos administrativos.
Para el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM), la disposición evidencia una tendencia regresiva que llama la atención de organismos internacionales por contradecir normas y estándares globales, a la vez que acrecientan un estilo gubernamental autoritario, intolerante y persecutorio.
Ese fue el cuarto proyecto de ley económica urgente presentado por Noboa y aprobado en la Asamblea.
Las tres disposiciones anteriormente aceptadas enfrentan una serie de demandas de inconstitucionalidad y están suspendidas parcialmente.
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