Mediante un comunicado, la entidad fiscal subrayó que ya profundiza en tal situación, lo que consideró “un patrón reiterado de hostigamiento, intimidación y coacción”, que busca interferir en su trabajo independiente.

Estos hechos se suman a una serie de ataques sistemáticos y graves violaciones a los derechos humanos de nuestro personal, lo cual denunciamos en distintas oportunidades, remarcó.

De esa cuenta, agregó, ante dichas amenazas generamos comunicación a la Fiscalía General de los Estados Unidos para los efectos legales correspondientes.

No toleraremos ni permitiremos que se utilicen métodos intimidatorios para frenar las investigaciones que corresponden, se trate de quien se trate, enfatizó.

Responsabilizó a las autoridades del Ejecutivo, “que son las competentes de garantizar la vida, integridad y seguridad de toda la población, la cual incluye al personal del MP”.

Afirmó que exigieron al Ministerio de Gobernación el cumplimiento pleno de su deber constitucional de brindar protección a quienes enfrentan la criminalidad con valor y legalidad.

El MP ratificó su compromiso inquebrantable con la justicia y el Estado de Derecho, y reiteró que ninguna amenaza detendrá su labor de garantizar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

En Guatemala, nadie está por encima de la ley, concluyó su mensaje el ente investigativo.

La fiscal general, Consuelo Porras, negó ese 21 de agosto que acepte la utilización del territorio nacional para actividades ilícitas internacionales.

Mencionó la relevancia de las declaraciones de su homóloga estadounidense Pam Bondi, sobre el uso del espacio aéreo chapín como puente para actividades de narcotráfico.

En sus palabras divulgadas a través de las redes sociales, resaltó la concordancia de esto con las investigaciones que realiza el MP.

Una semana antes el Ministerio de Relaciones Exteriores descartó que Guatemala permita el empleo del espacio aéreo por redes criminales.

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