Según la defensa del prófugo que, deportado regresó a Bolivia arrogante y sonriente tras cumplir cinco años de prisión en Estados Unidos por corrupción, el motivo de esta última suspensión fue un cruce con otra audiencia de apelación relacionada con la masacre cometida en Senkata en noviembre de 2019.

Con anterioridad, la diligencia judicial ya había sido postergada por diferentes razones, que incluyen solicitudes de la propia defensa del extitular y la falta de una notificación formal al penal de San Pedro, donde Murillo guarda reclusión.

El expediente Gases Ecuador investiga la presunta compra irregular de material antidisturbios para reprimir a quienes reclamaban el retorno del orden democrático tras el derrocamiento del expresidente constitucional Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).

La Fiscalía General del Estado informó que sobre Murillo pesan actualmente 15 procesos ordinarios por distintos hechos presuntamente cometidos cuando como ministro de Gobierno era el rostro más visible de la represión durante el mandato de Áñez.

En este contexto, los bolivianos recibieron con beneplácito la condena a ocho años de cárcel del exministro de Economía y Finanzas Públicas de Áñez José Luis Parada por acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Al respecto, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que, en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Sexto de La Paz se dictó sentencia condenatoria.

«El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos durante la gestión de Jeanine Añez», sostuvo.

Según la sentencia, los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, establecido en el Artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el artículo 154; contratos lesivos al Estado, señalado en el artículo 221 y conducta antieconómica, en el artículo 224.

En el fallo también se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes, expresidente del BCB, quien recibió una condena de cinco años de cárcel, y a Walter Erik Guzmán, sentenciado a un año de reclusión.

La Procuraduría destacó que este resultado representa un precedente inédito y favorable en la defensa de los intereses del país.

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