Hace un siglo, miles de trabajadores y familias declararon el paro, una movilización masiva contra el alza de los alquileres que terminó en represión, heridos y cambios institucionales parciales que marcaron la política urbana de la época.

El movimiento, según el diario La Estrella de Panamá, fue organizado por la emergente Liga de Inquilinos y Subsistencia, vinculada al Sindicato General de Trabajadores y devino la expresión más clara hasta ese momento del descontento social acumulado en la primera década republicana.

El 12 de octubre de 1925, precisa el rotativo, una gran concentración en el parque de Santa Ana, en esta capital, terminó en enfrentamientos con la policía.

Testimonios y crónicas de la época relatan una intervención policial y militarizada en la que se registraron al menos varias muertes y numerosos heridos; la presencia de tropas estadounidenses para “restablecer el orden” hizo visible el peso de la presencia norteamericana en el istmo y generó además un fuerte reclamo nacionalista entre los manifestantes.

Pese a la represión, la huelga produjo ciertas respuestas institucionales: se creó una comisión de reclamos de alquileres con el fin de mediar entre inquilinos y propietarios, y el presidente entonces Rodolfo Chiari intentó imponer medidas paliativas para calmar la agitación.

En términos simbólicos, según analistas, la huelga mostró por primera vez el poder de movilización urbana en masa y dejó una impronta en la memoria política panameña.

A un siglo de los hechos, académicos y periodistas identifican a esa manifestación como hito fundacional del movimiento obrero urbano en Panamá, reevaluando la importancia del movimiento inquilinario, no solo como conflicto por la vivienda sino como episodio que articuló reclamos laborales, raciales y de ciudadanía.

A juicio del informativo, estas relecturas insisten en que la huelga abrió espacios para la organización popular y dejó enseñanzas sobre la necesidad de políticas públicas de vivienda.

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