De Moraes dio su aprobación después que la Fiscalía General la solicitara.
La PF inició la indagación en abril de 2020, cuando el actual senador Sergio Moro renunció como ministro de Justicia y Seguridad Pública, en medio de acusaciones de presunta obstrucción política de Bolsonaro en la dirección general y las superintendencias de la institución.
Sin embargo, la pesquisa se cerró sin imputar al exmandatario ultraderechista.
Aunque la entonces fiscal general adjunta, Lindôra Araújo, había recomendado el cierre de la investigación en septiembre de 2022, De Moraes volvió a cuestionar a la Fiscalía General en mayo de 2024, cinco meses después de la investidura de Paulo Gonet como procurador general.
Gonet solicitó entonces la reapertura de la averiguación el 15 de octubre y atribuyó la oposición a la postura de Lindôra a la necesidad de sondeos anexos por parte de la PF.
«El análisis de los registros indica la necesidad de investigaciones adicionales que permitan una evaluación más completa y exhaustiva de los hechos investigados», alegó.
Solicitó a la fuerza policial que comparara las conclusiones de la investigación con las pruebas recabadas posteriormente durante la indagación del intento de golpe de Estado.
Lo anterior implicó el uso paralelo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y la Oficina de Seguridad Institucional para «ataques sistemáticos contra las autoridades, el sistema electoral y las instituciones públicas».
Al dejar el Gobierno de Bolsonaro, Moro acusó al expresidente de forzar la destitución del entonces director general de la PF, Maurício Valeixo, luego de investigaciones a aliados.
Tras informar al exjuez, el excapitán del Ejército reenvió un artículo al sitio web O Antagonista titulado «La Policía Federal tras la pista de 10 a 12 diputados pro-Bolsonaro».
Antes de solicitar la reapertura de la investigación, Gonet sugirió archivar otra contra Bolsonaro, pero esta vez por el presunto uso de bienes y recursos públicos durante las protestas del 7 de septiembre, Día de la Independencia.
Para el fiscal general, los actos fueron analizados durante el juicio por tentativa golpista tras las elecciones de 2022.
Bajo reclusión domiciliaria desde el 4 de agosto, Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por la primera sala del Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, ensayo de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, daños a bienes de la Unión y deterioro de patrimonios protegidos.
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