La demanda admitida por la Sala Segunda Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia beniano se encuentra a la espera de una audiencia judicial suspendida el jueves último.

“(…) Los tentáculos de la justicia autoprorrogada con una acción popular en Beni quiere cesar a todos los magistrados elegidos por voto popular el año 2024: del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Ambiental y Consejo de la Magistratura (…)”, sostuvo Quino.

Opinó que, si eso ocurre, mañana podrán cesar al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicemandatario, Edman Lara.

En referencia al tema, la magistrada del TCP, Paola Prudencio, denunció el sábado último acciones constitucionales que buscan desconocer a las autoridades judiciales electas y ponen en peligro las elecciones subnacionales.

“Las elecciones subnacionales estarían en peligro. Nosotros reafirmamos que, al momento de ser posesionados, juramos cumplir la Constitución y de ninguna manera podemos permitir que a la gente se le induzca en error”, dijo.

Comentó que la democracia y los procesos electorales no dependen de cinco personas, en referencias a los magistrados del TCP autoprorrogados más allá de su mandato constitucional.

Aclaró Prudencio que la organización de los comicios es competencia exclusiva del Órgano Electoral, y denunció, asimismo, que esta acción busca desestabilizar al Órgano Judicial y al TCP, situación que no debe “seguir permitiéndose”.

La acción fue interpuesta por el abogado Percy Claure contra los cinco magistrados autoprorrogados del TCP, e igualmente la demanda alcanza a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este denunciante solicitó que se ordene el inmediato cese en funciones de los magistrados autoprorrogados, “por carecer de título legítimo para el ejercicio de la jurisdicción constitucional”.

Al mismo tiempo, reclama “el cese de funciones del magistrado Paul Enrique Franco Zamora y de todos los electos de manera fraudulenta el año 2024”.

Adicionalmente, pide que se “inste a la ALP a iniciar de manera inmediata el procedimiento de elecciones de nuevos magistrados del TCP (…) en un plazo no mayor a 90 días”.

Las elecciones judiciales parciales tuvieron lugar en diciembre de 2024 en un proceso marcado por diversas maniobras jurídicas que retrasaron su desarrollo.

En ellas, los cinco autoprorrogados preservaron el control del TCP, y sólo fueron elegidos 19 de las 26 autoridades integrantes de ese órgano del Estado, del TSJ, del Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

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