De Moraes destacó que la solicitud de información realizada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos se sustenta en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental, conocido como ADPF das Favelas.

Tal acción está supervisada por un grupo de trabajo cuya coordinación general está a cargo del fiscal Antônio Edílio Teixeira.

Según el Supremo Tribunal Federal (STF), la solicitud fue realizada por la Defensoría Pública Federal «para que la Fiscalía ejerza control e investigación, y se otorgue acceso a estos elementos a la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro».

Este lunes, De Moraes viajará a Río para reunirse con el gobernador del estado, Cláudio Castro.

La finalidad es obtener explicaciones sobre la megaoperación policial realizada el martes pasado contra el Comando Vermelho, la principal facción criminal de la llamada Ciudad Maravillosa.

También el magistrado inquirirá a autoridades como el secretario de Seguridad Pública del estado, el comandante de la Policía Militar, el delegado general de la Policía Civil y el director de la Superintendencia General de la Policía Técnico-Científica.

Además, De Moraes platicará con el presidente del Tribunal de Justicia de Río, su fiscal general y el defensor público general de la división territorial.

A las 18:00, hora local, el juez escuchará al alcalde de Río, Eduardo Paes.

El ministro funge como relator provisional del proceso, mientras que la vacante dejada por el anterior relator, Luís Roberto Barroso, se cubrirá tras la toma de posesión del nuevo ministro.

Entre la información que debe presentar el titular del Poder Ejecutivo de Río figura un informe que detalle la megaoperación, con una definición previa del grado de fuerza empleado y la justificación formal para su ejecución.

De igual manera, el número de agentes involucrados, las armas utilizadas y la cifra oficial de muertos, heridos y detenidos.

El gobernador deberá informar, asimismo, si adoptó medidas para garantizar la rendición de cuentas en caso de abusos y violaciones de derechos, incluida la participación de organismos forenses y el uso de cámaras corporales, así como la asistencia a las víctimas y sus familias, como la presencia de ambulancias.

De los 121 fallecidos en la maniobra, dos son gendarmes civiles y otros dos del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar.

Unos dos mil 500 agentes de seguridad de Río salieron el martes a ejecutar 100 órdenes de arresto.

Los narcotraficantes respondieron con disparos y quemaron barricadas. Decenas de columnas de humo se pudieron ver desde varios puntos de la urbe.

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