Según el comunicado del mayor gremio del empresariado privado en el istmo, se trata de un espacio para el diálogo técnico y constructivo en torno al fruto del proyecto Mina de Cobre Panamá y su impacto en la ocupación, el ambiente y las comunidades.
En noviembre de 2023, tras intensas protestas populares que paralizaron al país más de dos meses, la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a declarar inconstitucional un contrato suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum.
La decisión indicó el cierre de las operaciones y el fin a la minería metálica a cielo abierto, criticada por ambientalistas por severos daños a la naturaleza, en particular por la contaminación de ríos y embalses en la zona de Donoso (Colón).
Sin embargo, desde la investidura del nuevo Gobierno, en julio de 2024, el propio presidente José Raúl Mulino adelantó conversaciones con la compañía foránea si esta retiraba arbitrajes internacionales, medida que han acatado en los últimos meses.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente inició una auditoría integral al proyecto para lo cual se auxilia de la multinacional SGS, líder mundial en servicios de Auditoría, Inspección y Certificación.
Mientras, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseveró que este proceso podría tomar entre cuatro y ocho meses y lo catalogó como muy importante porque de esa manera el Estado puede tomar decisiones definitivas sobre el futuro de la mayor mina de cobre en Centroamérica, generadora de más de siete mil empleos, según estadísticas oficiales.
En ese sentido, la Cciap insiste en que se preste atención al asunto en la nueva cita, pues la falta de empleo afecta a familias, proveedores, comercios y comunidades de Colón, Coclé y otras provincias, resalta en el mensaje habitual de cada fin de semana.
La reunión del miércoles, agrega el informe, reunirá a expertos de Colombia, República Dominicana, Chile, Perú, y Panamá, quienes compartirán experiencias sobre cómo sus países han logrado equilibrar la actividad minera con la protección ambiental, la gobernanza y la generación de empleo digno.
El objetivo es claro: aprender, dialogar y construir una hoja de ruta nacional que permita compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad social y ambiental.
No se trata de escoger entre desarrollo o protección; se trata de demostrar que ambos pueden y deben coexistir, subraya el documento.
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