La medida busca optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional.
Como parte de estas disposiciones, el mandatario nombró como director ejecutivo de Opret al ingeniero Isa Tavárez, quien también asumirá, a título honorífico, la dirección ejecutiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram).
Fitram es el órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.
De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, Isa Tavárez tiene una trayectoria vinculada al desarrollo de la movilidad colectiva.
Hasta la fecha, se desempeñaba como director ejecutivo del Fitram, desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y el Teleférico de Santiago de los Caballeros, además de las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo.
Es ingeniero civil y posee una maestría en Ingeniería de Transporte cursada en Nueva York.
En la actualidad cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil, enfocada en Transporte, en la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el Ministerio de la Presidencia, donde trabaja desde hace más de una década, impulsa iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la ejecución de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público, precisó la nota oficial.
Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible.
Isa Tavárez figura entre los técnicos más influyentes en la transformación del transporte masivo del país, aportando una visión enfocada en la sostenibilidad y en la integración de modelos de movilidad alineados con estándares internacionales.
El decreto del mandatario reconoce que el transporte masivo es un servicio nacional de uso público.
Por ello, el Gobierno considera prioritario incorporar modos alternativos que contribuyan a una distribución más equilibrada del patrimonio y a frenar el deterioro del medio ambiente, en beneficio de la movilidad urbana.
La disposición ordena priorizar la eficacia del servicio y la eficiencia en el manejo de los recursos, y establece que las entidades públicas involucradas deben trabajar de forma coordinada y transparente.
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