El portavoz del Ejército, el general de división Sylvain Ekenge, confirmó este fin de semana la indagación sobre sucesos “altamente reprobables” y los interrogatorios a los oficiales, pero aseguró que el período de detención se extiende de conformidad con la ley, a petición de la fiscalía militar.

El caso, que se encuentra aún en fase de instrucción, ya ha sido objeto de preocupaciones de organizaciones de derechos humanos relacionadas con la duración de los cuestionamientos a los supuestos infractores y la presentación de casos ante el tribunal.

No obstante, Ekenge sostuvo que el procedimiento está plenamente previsto en las legislaciones vigentes y que cualquier prórroga se realiza con la aprobación de la fiscalía militar, debido a las múltiples conexiones del caso.

El portavoz de las Fuerzas Armadas afirmó, además, que una vez concluidas las distintas etapas de la investigación comenzarán las audiencias ante la justicia militar.

“Los arrestos y estas detenciones no son irregulares ni violan la ley ni los derechos. Todos estos oficiales han sido interrogados de conformidad con las disposiciones vigentes. Todos los oficiales involucrados en el marco de las investigaciones de ciberdefensa están a disposición del Ejército”, dijo ante la prensa el sábado.

Aclaró, asimismo, que cuando el caso llegue al juez los medios de comunicación tendrán todos los detalles durante el juicio.

Sin embargo, organizaciones como el Panel de Expertos de la Sociedad civil y otras defensoras de los derechos humanos, refieren inquietud por la opacidad en torno a los motivos de los arrestos, los lugares de detención y el cumplimiento de las garantías judiciales.

También manifestaron preocupación por el acceso de los oficiales a la asistencia de abogados, el respeto al derecho a la información clara sobre los cargos que se les imputan y a comparecer ante un juez en un plazo razonable; así como por los riesgos de tortura o malos tratos.

La inseguridad en el este congoleño, con la presencia de más de un centenar de grupos armados y la ocupación de parte del territorio por la Alianza del Río Congo Movimiento 23 de marzo (AFC/M23), con el apoyo de Ruanda, han generado tensiones vinculadas a las Fuerzas Armadas.

Ejemplo de ello es que en septiembre último la sociedad civil en Uvira se movilizó para demandar la salida del general Olivier Gasita, nombrado como responsable de operaciones e inteligencia de la región militar, por considerarlo cómplice de la toma de Bukavu por la AFC/M23.

Las sospechas de colusión con el enemigo y las persistentes acusaciones de conspiración y malversación de fondos y materiales dentro del Ejército son algunas de las posibles motivaciones para la actual investigación.

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