Durante la sesión, no habrá votación de los ministros sobre el tema y la corte escuchará los argumentos orales de las partes involucradas, así como la fecha del sufragio se fijará posteriormente. En 2023, el STF declaró inconstitucional el polémico marco temporal.

Además, la tesis fue bloqueada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien vetó el proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional que validó la norma.

Sin embargo, los parlamentarios revocaron el veto de Lula. Por lo tanto, prevaleció el entendimiento de que los pueblos nativos solo tienen derechos sobre las tierras que estaban en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal, o que estaban en litigio judicial en ese momento.

Tras el impedimento presidencial, los partidos Liberal, Progresistas y Republicanos interpusieron demandas ante el Supremo para confirmar la validez del proyecto de ley que reconocía el marco transitorio.

De igual manera, entidades que representan a los pueblos originarios y partidos de gobierno recurrieron ante la corte superior para impugnar nuevamente la constitucionalidad de la tesis.

Antes de iniciar el juicio, el STF celebró varias audiencias con una comisión de conciliación entre las partes involucradas en el asunto.

La avenencia fue convocada por el ministro Gilmar Mendes, relator de las acciones.

Además de llevar el caso a concordancia, Mendes denegó una solicitud de suspensión de la deliberación del Congreso que validó el hito, una decisión que desagradó a los pueblos indígenas.

En agosto de 2024, al inicio de los trabajos de la comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas, principal entidad que trabaja en defensa de las comunidades, decidió retirarse de la conciliación.

La asociación entendió que no hubo paridad en el debate. Las audiencias se celebraron sin la presencia de representantes de las poblaciones aborígenes.

Para junio de este año, la junta finalizó su trabajo y aprobó un anteproyecto de ley que podría enviarse al Congreso Nacional tras la sentencia para sugerir modificaciones a la Ley 14.701 de 2023, que, a pesar de abordar los derechos de los pueblos indígenas, introdujo un plazo para las demarcaciones.

El término no se modificó por ser uno de los temas en los que no hubo consenso. El anteproyecto aborda puntos consensuados que, en algunos casos, ya están incluidos en la mencionada ley y se explicitaron.

La víspera, el Senado aprobó una propuesta que incluye el plazo para la jurisdicción de patrimonios originarios en la Constitución Federal, contradiciendo la sentencia del STF.

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