Afirmó el presidente del CM, Manuel Baptista, que esa decisión no “responde a un capricho institucional”, sino que obedece a una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual tras investigar los hechos en los que murieron cerca de 40 civiles dictaminó que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales.
Indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia instaron al CM a revisar más de 80 causas abiertas por estos sucesos.
“La Sala Plena del CM ha determinado por unanimidad realizar auditorías jurídicas a todos los procesos iniciados en emergencia durante 2019, emitir un pronunciamiento público y establecer un trabajo de control y fiscalización inmediato sobre los casos de Senkata y Sacaba”, sostuvo Baptista.
Se refirió también el titular al caso de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) favorecida por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras el triunfo de la derecha en las elecciones generales del año en curso, con la anulación de una condena a 10 años en el juicio Golpe II, y con la determinación de un proceso de responsabilidades en el expediente Golpe I.
Informó Baptista que, aunque el TSE ha revisado una de las sentencias, hasta la fecha no ha remitido formalmente la resolución al CM, lo cual impide determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias en contra del juez que dictó la sentencia.
Aclaró que el CM no puede revisar el fondo de las sentencias, pero sí tiene competencia para sancionar a jueces que hayan actuado fuera del marco legal.
La liberación de Áñez se produjo luego que la Sala Plena del TSJ anulara la sentencia dictada en su contra en el caso conocido como Golpe de Estado II, que juzgó la forma irregular en que ocupó la titularidad del Senado y después la presidencia del Estado en 2019, tras la renuncia del exmandatario Evo Morales.
Áñez, 48 horas después de asumir la jefatura de Estado el 12 de noviembre de 2019, firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Estas masacres eran juzgadas por la vía ordinaria en Golpe I, pero el TSJ determinó que corresponde a Áñez el privilegio de un juicio de responsabilidades.
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