A través de su cuenta en Telegram, el alto diplomático afirmó que hay un “preocupante distanciamiento del sistema de la ONU respecto a la auténtica defensa de los derechos humanos”.

Indicó que esta se alinea más con los intereses de potencias que condicionan su financiamiento a cambio de favores políticos, que ponen en riesgo los principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Gil expresó que es un deber moral rechazar de manera contundente la actuación del Alto Comisionado, quien, mientras ignora el asalto por parte de Estados Unidos a un buque con petróleo venezolano, “elabora un informe repleto de falacias que se suma a los ataques contra nuestro país”.

Denunció que esta situación no solo socava la credibilidad de la ONU, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con la justicia y la equidad en el ámbito internacional.

Al intervenir ayer en el foro de Ginebra, Suiza, el representante permanente de Venezuela ante ese órgano, Alexander Yánez, expuso al Alto Comisionado que la “clave fundamental para defensa de los Derechos Humanos es la credibilidad”.

Manifestó que lo presentado en la reunión ayer “niega en amplio sentido la idea de independencia y objetividad que todo funcionario que aspira a defender la causa de los Derechos Humanos debe tener”.

Al respecto, comentó que el informe está fundado en “fuentes sesgadas parcializadas o inventadas”, y exige un categórico rechazó, al evidenciar, a lo menos, “un grave problema de supervisión y contrastación, o a lo más, un alineamiento con una potencia que condicionan financiamiento por favores”.

El diplomático bolivariano señaló que, desde hace varios años, Venezuela viene denunciando que la resolución impuesta por un fracasado grupo de países contra el pueblo “obedecía a la llamada política de máxima presión aplicada por Estados Unidos para forzar un cambio de régimen político” en Carcas.

Al referirse a la escala militar estadounidense en el Caribe desde agosto último, subrayó que “es prueba irrefutable de esa política”.

La nefasta política de máxima presión -afirmó- implicó el despliegue de campañas mediáticas y diplomáticas para confabular dos propósitos contra el gobierno revolucionario de Venezuela: la desestabilización interna y el aislamiento internacional, y consideró que “fracasaron”.

Yánez indicó que Estados Unidos y Europa intervinieron en la República Bolivariana con financiamiento, con sus Organizaciones No Gubernamentales, operaciones encubiertas, sabotajes al sistema eléctrico y electoral, con terrorismo contra la industria petrolera e intento de magnicidio.

Estimó que algunos países del Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado fueron “utilizados como caja de resonancia para esa operación de cambio de régimen”.

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