Los colectivos cuestionaron políticas económicas y acuerdos internacionales del gobierno del presidente José Raúl Mulino, generando tensiones sociales y respuestas diversas de las autoridades.
Los sindicatos y gremios, encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), asociaciones de docentes y otras organizaciones sociales, desarrollaron durante meses una intensa campaña de movilizaciones, paros y huelgas nacionales en rechazo a reformas como la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
Esta norma, según los líderes gremiales, reduce las pensiones y abre la puerta a la privatización del sistema, además de cuestionar acuerdos de seguridad y soberanía con Estados Unidos, como un memorando suscrito en abril que avala la presencia de tropas y el establecimiento de bases militares, lo que niega el Ejecutivo.
En abril y mayo de 2025, centros urbanos y varias provincias vivieron jornadas de protesta que incluyeron huelgas de 24 horas, piquetes y marchas, con sindicalistas, docentes, trabajadores de la salud, estudiantes y pueblos originarios exigiendo la derogación de la reforma de la CSS, la defensa de derechos laborales y el rechazo a acuerdos considerados perjudiciales para la soberanía nacional.
Las demandas se extendieron más allá del ámbito laboral al ámbito social y político: sectores populares denunciaron que las medidas del Ejecutivo ponían en riesgo la seguridad social de millones de panameños y criticaron acuerdos con potencias extranjeras que, a su juicio, podrían comprometer la soberanía y el desarrollo nacional.
La respuesta del Gobierno fue de represión a las protestas, las autoridades defendieron la legalidad de la reforma de la CSS y calificaron algunas acciones de huelga como contrarias al Código de Trabajo, exhortando a la población a no paralizar las actividades económicas.
Además, durante el año, las organizaciones como la Confederación de Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) denunciaron ataques a la libertad sindical y a la libertad de asociación, al señalar detenciones de líderes, procesos judiciales contra activistas y represalias de empleadores.
Organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestaron su preocupación por posibles violaciones al derecho de huelga y exigieron al Gobierno panameño un respeto efectivo a los derechos laborales y de protesta.
El movimiento social y sindical de 2025 ha sido descrito por analistas como uno de los más significativos en las últimas décadas en Panamá, con movilizaciones sostenidas que evidencian profundas tensiones entre demandas sociales y políticas de gobierno, y un escenario de diálogo conflictivo entre las organizaciones y el Ejecutivo.
En medio de lo que consideran persecución política, las agrupaciones defendieron al final de 2025 el salario mínimo promedio ante maniobras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que encabeza Jackeline Muñoz.
También el propio Suntracs y Conusi realizaron sus respectivos congresos ordinarios y eligieron a sus nuevas autoridades.
En la etapa se constituyó oficialmente el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), representante de las fuerzas de izquierda, y en otro foro constitutivo también eligió a su nueva presidenta, la economista Maribel Gordón.
En ese panorama, tanto Méndez como Gordón han hecho llamados a defender la democracia desde las urnas, sin desatender las luchas reivindicatorias en las calles.
Ante el 2026, adversaron además el interés del Ejecutivo por retomar la reapertura de la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum, y ordenó el cierre de sus operaciones, resultado de una ola de protestas populares que paralizaron al país.
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