De acuerdo con los resultados, las tres instituciones más asociadas a la falta de probidad son la Corte Suprema, con 57 puntos porcentuales, el Ministerio de Justicia (57) y el Ministerio Público o Fiscalía, (56). Entre las causas que motivan esta percepción figuran la lentitud de los procesos y no contar con un sistema que supervise o audite a los jueces, los fallos y nombramientos de magistrados por cercanía, familia o encargo de otras personas.

Más aún, 78 de cada 100 entrevistados piensa que las decisiones de los tribunales reciben influencia y presión de personas con poder o dinero en el país y tres cuartas partes estiman que sin poseer recursos económicos es muy difícil lograr justicia.

Ipsos precisó que apenas una quinta parte de la población está de acuerdo con que las penas aplicadas a quienes violan la ley son proporcionales a los delitos cometidos.

Por otra parte, la mayoría de quienes respondieron a la encuesta afirmaron que entre los casos más emblemáticos de corrupción en el aparato de justicia figura el denominado Muñeca Bielorrusa.

La trama se refiere al proceso donde la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja, Gonzalo Migueles y varios abogados, notarios y conservadores de bienes raíces formaron una red de pago de coimas, lavado de activos y fallos irregulares en el poder judicial. El 60 por ciento dijo tener conocimiento de este escándalo, si bien sólo 17 de cada 100 consideró estar muy bien informado.

Por otra parte, 47 por ciento estimó como lo más grave la formación de una red de corrupción que involucra a jueces, empresarios, abogados independientes y personas del mundo político.

Otros lamentan el pago, aparentemente ilegal, que la estatal Corporación Nacional del Cobre hizo a una firma bielorrusa por 17 mil millones de pesos (unos 18,8 millones de dólares) que salieron de los fondos públicos.

La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, mencionó que otro factor para disminuir la confianza en el sistema de justicia del país fue el escándalo del caso Audios, que involucró al hasta entonces prestigioso abogado penalista Luis Hermosilla.

El letrado creó un grupo destinado a sobornar a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos a fin de obtener información privilegiada en juicios clave, además de cometer otros delitos fiscales y lavado de dinero.

La próxima llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema fue recibida como una oportunidad de limpiar la imagen de esa entidad, si bien expertos consideran que la tarea será ardua.

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